(Caracas, 09 de febrero de 2009) La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que en contra de Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, existen tres órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones personales.
Así lo declaró al intervenir telefónicamente en un programa de radio, de la emisora Unión Radio, durante el cual agregó que dichas órdenes se tramitaron en los años 2007, 2008 y enero de 2009.
Aclaró que el Ministerio Público no está facultado para ejecutar las órdenes de aprehensión; que corresponde al tribunal de control librar las mismas y a los organismos policiales ejecutarlas.
Recordó, asimismo, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de libertad, de ser juzgado en libertad.
Sin embargo, si la persona demuestra que no tiene disposición de someterse al proceso penal y no acude a los llamados del Ministerio Público, existe la presunción del peligro de fuga y, por consiguiente, se pide una orden de captura.
Al ser consultada sobre los señalamientos hechos por el colectivo La Piedrita acerca de que está en peligro la vida de Valentín Santana, la Fiscal General señaló que hasta ahora no ha recibido denuncia formal suscrita por esa persona. "Yo no tomo las denuncias que se hagan en los medios de comunicación, porque no tengo oficinas en los medios".
Explicó que en oportunidades ella misma ha gestionado que se le otorgue medida de protección a cualquier persona cuando esta se siente amenazada.
Por otro lado, la Fiscal General de la República también se refirió a la investigación que se adelanta por los hechos ocurridos entre el 30 y el 31 de enero en la Sinagoga judía. Al respecto agregó que desde el mismo momento de los hechos, el Ministerio Público, como en todos los casos, asignó dos fiscales, uno nacional y otro del área metropolitana de Caracas, para conocer del hecho.
Indicó que hubo pronunciamientos rechazando lo ocurrido, pero que lo más grave fue que sectores del país, sin conocer la forma en la cual ocurrieron los hechos, atribuyeron la responsabilidad al Estado venezolano, calificándolo de antisemita.
Destacó que de acuerdo con la investigación, existen elementos que permiten determinar que hubo complicidad interna en esta acción, de personas que trabajan en la Sinagoga.
Precisó que, como en todos los casos, el Ministerio Público va a determinar las responsabilidades de quien sea. Puntualizó que no tiene interés en ninguna causa o persona en particular y que su único interés es que prevalezcan las leyes y la justicia.
http://www.ministeriopublico.gob.ve/
Así lo declaró al intervenir telefónicamente en un programa de radio, de la emisora Unión Radio, durante el cual agregó que dichas órdenes se tramitaron en los años 2007, 2008 y enero de 2009.
Aclaró que el Ministerio Público no está facultado para ejecutar las órdenes de aprehensión; que corresponde al tribunal de control librar las mismas y a los organismos policiales ejecutarlas.
Recordó, asimismo, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de libertad, de ser juzgado en libertad.
Sin embargo, si la persona demuestra que no tiene disposición de someterse al proceso penal y no acude a los llamados del Ministerio Público, existe la presunción del peligro de fuga y, por consiguiente, se pide una orden de captura.
Al ser consultada sobre los señalamientos hechos por el colectivo La Piedrita acerca de que está en peligro la vida de Valentín Santana, la Fiscal General señaló que hasta ahora no ha recibido denuncia formal suscrita por esa persona. "Yo no tomo las denuncias que se hagan en los medios de comunicación, porque no tengo oficinas en los medios".
Explicó que en oportunidades ella misma ha gestionado que se le otorgue medida de protección a cualquier persona cuando esta se siente amenazada.
Por otro lado, la Fiscal General de la República también se refirió a la investigación que se adelanta por los hechos ocurridos entre el 30 y el 31 de enero en la Sinagoga judía. Al respecto agregó que desde el mismo momento de los hechos, el Ministerio Público, como en todos los casos, asignó dos fiscales, uno nacional y otro del área metropolitana de Caracas, para conocer del hecho.
Indicó que hubo pronunciamientos rechazando lo ocurrido, pero que lo más grave fue que sectores del país, sin conocer la forma en la cual ocurrieron los hechos, atribuyeron la responsabilidad al Estado venezolano, calificándolo de antisemita.
Destacó que de acuerdo con la investigación, existen elementos que permiten determinar que hubo complicidad interna en esta acción, de personas que trabajan en la Sinagoga.
Precisó que, como en todos los casos, el Ministerio Público va a determinar las responsabilidades de quien sea. Puntualizó que no tiene interés en ninguna causa o persona en particular y que su único interés es que prevalezcan las leyes y la justicia.
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