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martes, 19 de febrero de 2008

Sentencian a 8 años de prisión a dos ciudadanos implicados en el tráfico de aproximadamente 10 kilogramos de droga

Tras los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 1° en funciones de Juicio de Táchira sentenció a 8 años de prisión a los ciudadanos Carlos Jesús Palacios Molina y Belkis Cecilia Botello Ovalles, por el transporte de 9574,4 kilogramos de droga, hecho ocurrido el 25 de marzo de 2007, en el Punto de Control La Pedrera, municipio Libertador de esa jurisdicción.

Palacio Molina, de nacionalidad colombiana, y Botello Ovalles, oriunda de San Cristóbal, fueron condenados por los delitos de transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y uso de cédulas de identidad falsas, tipificados en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el 45 de la Ley de Identificación.

En su debida oportunidad, el Ministerio Público imputó a los ciudadanos antes mencionados, por los delitos de tráfico de estupefacientes y documentación falsa. Durante el acto, los imputados admitieron los hechos.

En consecuencia, el Tribunal 3° en funciones de control del estado Táchira acordó la medida privativa de libertad y acordó como centro de reclusión el Centro penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana del Táchira.

Vale recordar, que los hoy sentenciados fueron aprehendidos el 25 de marzo de 2007, por funcionarios de la Guardia Nacional del Puesto de Control La Pedrera, estado Táchira, luego de que se efectuara una requisa a sus equipajes, cuando ambos ciudadanos abordaban un vehículo.

La droga, tipo cocaína, fue incautada en los forros de ambos equipajes y en las plantillas de un par de zapatos resguardados en dichas maletas.

Fuente: Ministerio Público

viernes, 18 de enero de 2008

Tribunal sobreseyó a Leopoldo López y 40 militares de la Plaza Francia

A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 11° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas acordó el sobreseimiento y cese de las causas a favor del alcalde Leopoldo López y 39 militares, a raíz de los pronunciamientos que se efectuaron en la Plaza Francia de Altamira, desde el 22 de octubre de 2002.

El alcalde López fue sobreseido por los por los delitos de conspiración, rebelión civil, instigación a la insurrección y agavillamiento en grado de complicidad.

Como consecuencia de la solicitud de aplicación del Decreto de Ley Especial de Amnistía, intepuesta, el pasado 8 de enero por el Ministerio Público, el Tribunal 11 de Control "acordó el cese de todas aquellas medidas de coerción personal que les fueron impuestas a los referidos ciudadanos con ocasión de los hechos por los cuales fueron imputados y acusados".

Dentro del grupo de militares beneficiados por la decisión del Tribunal 11° de Control, se encuentra el general ( r ) del Ejército, René Alexander Sericia García, y al general ( r ) de la Aviación, Clinio Ricardo Rodríguez Obermejías, acusados en su debida oportunida por presuntamente estar incursos en los delitos de conspiración, rebelión civil e instigación a delinquir.

La medida también beneficia a los generales de brigada ( r ) de la Guardia Nacional, José Eduardo Rodríguez Infante, Angel Alberto Sánchez Velásco, Eugenio José Añez Núñez, Augusto Germán Dávila Navas, Régulo Humberto Díaz Vega, Marco Antonio Ferreira y a Edgar Ernesto Casanova.

Asimismo, fueron beneficiados los coroneles retirados de la Guardia Nacional, Iván Gabriel Trujillo Contreras, Eduardo Enrique Arias Pernia, Edgar José Torres Rodríguez, Carlos Enrique Hernández Martínez, Héctor Salvador Ortiz Zambrano, Gerardo José Pérez Pernalete, Félix Domingo Grateron Mendoza, Oscar José Silva Hernández, Teolindo de la Trinidad Cordero Rosales, Otilio José Martínez Grimán, Milton José Suárez Viloria, Alexander José Hernández Paz, Jorge Arberto Martínez Rodríguez, Oscar Claret Briceño Domínguez y Henry Gonzalo Escalante Ramírez.

A esta lista de sobreseidos, se suman el teniente ( r ) de la Guardia nacional, Samir José Soler Polanco; el sargento técnico de primera ( r ) de la GN, Simón Darío Vargas Duarte; el mayor ( r ) de la GN, José Antonio Wahab Coronado; al coronel ( r ) de la Aviación, Antonio José Ortega Brouzes; los coroneles retirados del Ejército, José Ricardo Bozza Baduel y Alexander José Raffo Navarro; y los coroneles retirados de la Fuerza Armada Nacional, Carlos Eduardo González Caraballo, Ricardo Gregorio Alfonso Cedeño, Jesús Enrique Fuentes Marval, y el teniente retirado de la GN, Luis José Delgado Michelena.

Tales oficiales fueron imputados y acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de rebelión civil.

También fueron sobreseidos los generales retirados de la GN, Carlos Alfonzo Martínez, Edgar Bolívar Ramírez y Oscar José Márquez; así como al teniente coronel ( r ) de la GN, Miguel Angel Prieto Morales; y al sargento primero ( r ) de la Armada, Ramón Ernesto Guevara, grupo de militares imputados por presuntamente incurrir en los delitos de conspiración, rebelión civil e instigación a delinquir.

La solicitud de sobreseimiento se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo 285 de la Constitución, en su ordinal 1°; en el artículo 31, ordinales 1 y 2, y en el 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con los artículos 108, ordinal 7; 48, ordinal 2; y 318 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal.


Caso: general Rodríguez

Cabe destacar que en el escrito del Tribunal 4° en funciones de Control del área metropolitana, juzgado en el que reposaba la causa contra el general Felipe Rodríguez, sólo sobreseyó al militar retirado "única y exclusivamente en lo atinente a los delitos de conspiración, rebelión civil e instigación a la rebelión".

En este sentido, continúa la causa contra el general Rodríguez por su presunta participación en la colocación de artefactos explosivos en las sedes Diplomáticas de España y Colombia.

Fuente: Fiscalía General de la República